Uruguay integra junto a Cuba, Guyana, Puerto Rico y
la capital de México, la pequeña lista de países latinoamericanos donde existe
una ley que despenaliza el aborto y permite a la mujer abortar sin necesidad de
justificar su decisión.
Este debate en el país uruguayo se relanzó en el 2002
cuando 14 mujeres murieron por realizarse esta práctica en la clandestinidad.
“Un grupo de médicos del Hospital Pereira Rosell denunciaron que las chicas
llegaban tarde a atenderse y se morían sin que ellos pudieron evitarlo. Así nació
el Grupo de Iniciativas Médicas contra el Aborto en Condiciones de Riesgo”, manifiesta
Cristina Grela, titular del área de Mecanismos de Género del Ministerio de
Salud uruguayo y una de las fundadoras de Católicas por el Derecho a Decidir.
En el 2004 se aceptó por el Ministerio de Salud que
las consultas por abortos fueran confidenciales y bajo secreto médico, luego el
mismo Grupo de Iniciativas Médicas insistió en la sanción de la ley de Salud
Sexual y Reproductiva, cuyo capítulo sobre aborto fue vetado en el 2008 por el
ex presidente Tabaré Vásquez.
Ahora el Senado aprobó la ley que despenaliza el
aborto, la misma que para ciertos sectores de feministas es mucho más
restrictiva que la del 2008, ya que se despenaliza el aborto siempre y cuando
se realice bajo la supervisión del Estado. Una representante de Mujer y Salud
mencionó que “esta ley es una ley de mínimos, no es la que nosotras hubiéramos
deseado”.
Pero las críticas también han llegado desde los
sectores antiabortistas. Carlos Iafigliola, miembro de la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida ha defendido
que “el aborto, se haga como se haga, es algo sumamente destructivo y deja
secuelas de por vida”.
Pero a nivel de otros países de la región las legislaciones parecen ser más restrictivas. En Argentina, hasta el pasado marzo, las embarazadas por efecto de violación de discapacidad mental o las menores de edad debían pedir
permiso a la justicia, desde entonces la Corte Suprema determinó que no era
necesario el trámite. En México cada Estado cuenta con su Código Penal y todos
permiten el aborto en caso de violación, pero en el 2007 la Asamblea de la
capital aprobó que las mujeres puedan abortar en cualquier supuesto hasta la
duodécima semana de gestación y puedan acceder al servicio gratuito en
hospitales de la secretaría de Salud.
En Colombia los legisladores opositores de la interrupción del
embarazo promueven actualmente una campaña de recolección de
firmas para que por medio de referendo los colombianos decidan si la práctica debe
ser penalizada.
En Bolivia, el Código Penal sanciona con cárcel de
dos a seis años a quien practique el aborto sin consentimiento de la mujer o a
una menor de 16 años, y de uno a tres años, si existe la autorización.
En Paraguay, Venezuela, Ecuador y Perú el aborto es
ilegal a excepción de casos en los que el embarazo ponga en peligro la vida o
la salud de la mujer.
Chile, junto a Surinam, son los únicos países
sudamericanos que castigan la interrupción del embarazo en todos los casos. A
ellos se suman países centroamericanos y del Caribe donde el veto es total: Haití, El
Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Honduras.
La aplicación efectiva de la reciente ley aprobada en Uruguay estará en trámite durante, por lo menos, dos años más, porque primero debe reglamentarse.
Mientras van y vienen los argumentos éticos y filosóficos, las encuestas de opinión reflejan que el 51% de la población está a favor de esta ley, frente a un 42% en contra.
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imas encuestas
de opinión revelan que aproximadamente el 51% de la población está a
favor, un 42% en contra y un 7% no opina, aunque el arco de posiciones
es muy amplio.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/mundo/despenalizacion-aborto-Uruguay_0_793720756.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
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Las últimas encuestas
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